- Nueve personas fueron capturadas y judicializadas, entre ellas un exfuncionario de Migración Colombia que estuvo asignado al paso fronterizo de Rumichaca, en Nariño.
La Fiscalía General de la Nación, en articulación con Migración Colombia y la Embajada de Estados Unidos en Colombia, impactó a una red ilegal de tráfico de migrantes que delinquía desde 2018, y sería la responsable de gestionar de manera irregular nacionalidades a migrantes que pretendían llegar ilegalmente a Estados Unidos y algunos países de Europa.
En diligencias realizadas por investigadores del CTI, con apoyo del Ejército Nacional, fueron capturados nueve de los presuntos integrantes, entre ellos un exfuncionario de Migración Colombia. Las diligencias se realizaron de manera simultánea en Bogotá, Medellín (Antioquia), Pereira (Risaralda), Cali y Buga (Valle del Cauca), y Pasto e Ipiales (Nariño).
Esta organización delincuencial sería la responsable de conseguir documentación falsa para que extranjeros, especialmente ciudadanos dominicanos, obtuvieran cédulas y pasaportes. De acuerdo con los elementos de prueba, con los papeles que tramitaba la estructura varios migrantes fueron registrados como nacionales en notarías y registradurías del centro, suroccidente y norte del país. Para este propósito también fueron usadas identidades de colombianos fallecidos, a quienes hicieron pasar como si fueran los padres de los extranjeros.
Adicionalmente, algunos de los detenidos estarían involucrados en la adulteración de
certificaciones de una naviera estadounidense que, supuestamente, requería contratar ciudadanos colombianos. Estos documentos habrían sido entregados a migrantes y usados para inducir en error a cónsules de la Embajada de Estados Unidos que autorizaron visas.
De esta manera, varios extranjeros ingresaron a territorio estadounidense, se quedaron ilegalmente y nunca cumplieron la actividad laboral que les fue autorizada.
César Ricardo Giraldo Castañeda, presunto cabecilla de la red señalado de coordinar
todo lo relacionado con los trámites para adquirir la documentación falsa y dirigir la
logística para mantener los migrantes en territorio nacional.
• Jaime Andrés Velásquez Cerón, exagente de Migración Colombia. Mientras desempeñó su cargo en el paso fronterizo sobre el puente de Rumichaca, en Ipiales
(Nariño), habría permitido la salida del país de los migrantes que portaban las cédulas y pasaportes colombianos conseguidos irregularmente.
• Guillermo Yaseff Vergara Castro, Yeny Vanegas Muñoz y Luz Dary Rodríguez, quienes serían los responsables de facilitar hospedaje y transporte a los extranjeros mientras se surtían los trámites para la obtención de la documentación falsa.
• Édgar Romero Bonilla, presunto responsable de diligenciar formatos de ñ solicitud de visa ante la Embajada de Estados Unidos de Colombia y crear perfiles con información falsa de los peticionarios.
• Jhon Jairo Ríos Córdoba y Harby Ibarra señalados de participar en la obtención y
presentación de las supuestas actas y certificaciones laborales de la naviera
estadounidense.
• Shailly Alejandra Londoño Londoño, posible colaboradora de la organización.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes en circunstancias de mayor punibilidad. Adicionalmente, al exfuncionario se le
formuló el delito de cohecho impropio.
Ante la contundencia de los argumentos presentados, tres de los procesados aceptaron cargos, mientras que los demás los rechazaron.
Estrategia contra el tráfico de migrantes
Como parte de una estrategia que ha priorizado los casos relacionados con tráfico de migrantes, y gracias al trabajo conjunto realizado con otras fiscalías y ministerios públicos que conforman la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la cual preside el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, hay activas 542 investigaciones por este fenómeno criminal. Asimismo, han sido capturadas 587 personas y realizadas 453 imputaciones por el delito de tráfico de migrantes.
De igual manera, se ha impactado el patrimonio de las redes dedicadas a esta actividad ilegal con la imposición de medidas cautelares sobre 240 bienes (82 inmuebles, 149 vehículos y 9 embarcaciones).
