Por Eduardo Verano de la Rosa
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, insistió en la importancia de revisar el cumplimiento de todos los procesos de protección de la ciénaga de Mallorquín en Barranquilla, dado el deterioro que presenta.
El Decreto 224 de 1998 designa la inclusión en la lista de humedales de interés internacional a la Ciénaga Grande de Santa Marta de la que hace parte Mallorquín, es decir, un sitio Ramsar al que se le debe proteger su ecosistema. Entre los años 2005 y 2018 prácticamente se triplicó la construcción de viviendas en esa zona.
La ciénaga de Mallorquín está entre Puerto Colombia y Barranquilla, Atlántico. Y están pendientes de sus procesos las universidades, Invemar, Anla, CRA, Barranquilla Verde, Cormagdalena, Corpamag y el propio Ministerio. Hay que construir un gran diálogo social que permita poner las reglas de juego claras con la comunidad para el trabajo territorial que hay que hacer en el sector de Las Flores, Ciudad de Mallorquín y el corregimiento Eduardo Santos de Puerto Colombia.
Los daños en Mallorquín son evidentes por la pérdida de manglares a causa de rellenos y porque ha sido utilizada, por años, como basurero, además el arroyo León trae gran cantidad de desechos que sumados al vertimiento de aguas servidas de la cuenca estropean la calidad del agua.
Hay que proteger su ronda hídrica a través de planes parciales y con proyectos ambientales. Los modelos de urbanización utilizados, especialmente en Pajonal, son de muy alta densidad y afectan la ribera de Mallorquín.
Barranquilla es una de las ciudades más vulnerables por el cambio climático por eso debe defender estos humedales. Es fundamental que se pueda desarrollar el ecoturismo en la zona, pero sin tensionar el ecosistema.
Un ecoparque, planificado conjuntamente con el tajamar es una buena opción, debe contar con licencia ambiental para que un tren pase por el tajamar, con entradas de agua dulce por el río y de agua salada por la zona que comunica con el mar Caribe para lograr el equilibrio ideal para la vida animal.
La zona tiene dos entradas de agua dulce: la de arroyo León y la que recibe del río Magdalena a través del tajamar. La planta de tratamiento es necesaria porque el río también trae muchos sedimentos lo que obliga a un control sistemático y previo del agua que llega.
Desde el punto de vista ambiental se exige una intervención de alta jerarquía con un pacto social por Mallorquín. El Gobierno nacional debe controlar la deforestación frente a una movilización urbanística que hace muy vulnerable todo el sistema. La lógica del ordenamiento territorial alrededor del agua debe hacerse con contundencia, de acuerdo a los lineamientos del cambio climático porque las corrientes siempre vuelven por su cauce y buscan sus antiguos recorridos.
El Sistema Nacional Ambiental —SINA debe velar para que Mallorquín sea manejada con todas las exigencias de un sitio Ramsar. El Ministerio de Ambiente no es autoridad urbanística y por lo tanto no podrá dar lineamientos de control urbano o de diseño, pero sí debe vigilar los controles ambientales.
Hay que aprovechar que este año el Distrito de Barranquilla empezó un proceso de revisión de la reglamentación para que las 946 hectáreas queden articuladas a todo el sistema humano y económico que viven pescadores, mototaxistas y promotores de turismo como también el proceso de urbanización de la zona.
