El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga Franco, recibió reportes, que indicarían que durante las administraciones de los señores Angarita Lamk y Rafael Camacho Carrillo, Director general de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR-, se habrían presentado presuntas irregularidades en la contratación pública, que vulnerarían los principios de planeación, publicidad, transparencia, eficiencia, selección objetiva y responsabilidad, ocasionando posibles sobrecostos y/o riesgos para la administración, además de no garantizar la pluralidad de oferentes y la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Una vez revisada y analizada información pública, en cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de Transparencia encontró indicios que llevaron a trasladar las denuncias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander.
Así mismo, fueron puestas en conocimiento del Consejo Directivo de CORPONOR y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las conductas denunciadas, para que, en el marco de sus competencias, se adopten las medidas necesarias hasta que se esclarezcan los hechos derivados de las denuncias sobre posible corrupción en la corporación.
Teniendo en cuenta que la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes tiene como misión velar por el buen uso de los recursos del Estado, el Secretario de Transparencia ha solicitado a dicha Comisión que revise las denuncias promovidas en relación con 6 contratos celebrados por CORPONOR en el año 2024, por un valor total de $822.826.892, junto a los 64 contratos denunciados la semana pasada por valor de $17.438.500.115, los cuales arrojan indicios de presuntos actos de corrupción. Lo anterior con el objeto de llevar acabo los demás controles que considere pertinentes frente al actual director de CORPONOR.
Finalmente, esta Secretaría reitera su compromiso con la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, por lo que continuará colaborando con las autoridades competentes para esclarecer estos hechos y adoptar las medidas que correspondan.
