- Al parecer, exigían a sus aliados ilegales que les dejaran personas como garantía de pago por los cargamentos de cocaína. Si cumplían con el dinero pactado por la venta de los estupefacientes, les ñ respetarían la vida.
La Fiscalía General de la Nación identificó a una red señalada de abastecer de armas a organizaciones criminales de alcance trasnacional; y de comercializar cargamentos de cocaína a grupos narcotraficantes que se encargaban de ponerlos en destinos internacionales.
En una acción conjunta con la DIJIN de la Policía Nacional fueron capturados cuatro de los posibles integrantes, en diligencias realizadas en San Gil y San Vicente de Chucuri (Santander), y Chigorodó (Antioquia).
Estas personas, a través de contactos en Colombia y el exterior, habrían obtenido fusiles de asalto tipo Galil y M16, pistolas y municiones de diferentes calibres, que vendían a estructuras del ‘Clan del Golfo’ que delinquen en el Urabá antioqueño.
También conseguían armas y las trasladaban ocultas entre tractocamiones a zona de frontera, donde eran recibidas por organizaciones delictivas que tienen injerencia en Guayaquil y otras ciudades de Ecuador.
De igual manera, son señaladas de sacar toneladas de cocaína de laboratorios clandestinos ubicados en Antioquia y Cauca, y venderlas a enlaces narcotraficantes encargados de enviarlas a Venezuela, México y países de Centroamérica.
Los elementos de prueba indican que la red ilegal, al parecer, exigió a algunos de los compradores de los alijos dejar como garantía de pago a terceras personas. En ese sentido, se comprometía a respetarles la vida si el estupefaciente llegaba a su destino y se cumplía con la entrega de la totalidad del dinero pactado en la venta. En otras oportunidades, presuntamente, se comprometieron casas, fincas o vehículos.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ambas conductas agravadas.
Los investigados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Los afectados con la decisión son: Roberto Amaya Blanco, Juan Carlos Mazo Castañeda, Jhon Bayron Linares Fuentes y Luz Andrea Fuentes González.
