- La red criminal cobraba a cada migrante entre 30 y 35 millones de pesos para agilizar los trámites migratorios y habrían expedido documentación con información de colombianos fallecidos.
La Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo internacional de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos, logró mediante la ejecución de 4 diligencias de registro y allanamiento en la ciudad de Bogotá, además de procedimientos en vía pública, la desarticulación de un grupo de Delincuencia Común Organizada transnacional dedicado al tráfico de migrantes, con la captura de 11 personas por orden judicial, donde se destacan 6 funcionarios de la Registraduria Nacional del Estado Civil, uno de Migración Colombia y las 4 restantes corresponden a la líder de la organización delincuencial, identificada como Lucia Parra Rojas alias “Lucy”, y 3 integrantes de su núcleo familiar.
Se trata de una red criminal dedicada al tráfico de migrantes quienes facilitaban la expedición de registros civiles, cédulas de ciudadanía y pasaportes con apariencia legítima, empleando la identidad de ciudadanos colombianos fallecidos, así mismo, eran los encargados de coordinar el desplazamiento aéreo y salida segura del país de migrantes venezolanos, cubanos y dominicanos, principalmente con destino a los países de México, EE.UU, y España.
Investigadores de la DIJIN conocieron que dentro de las modalidades utilizadas por esta red criminal, era falsificar los documentos base o soportes, para la acreditación y expedición de registros civiles de nacimiento colombiano de los padres de los migrantes, falsificación de sellos de cancillerías o consulados, apostillajes, entre otra documentación que también era alterada, así mismo, se pudo determinar que más de 20.000 registros civiles de nacimiento fueron expedidos por esta organización, por lo cual de manera inmediata se dispuso de un grupo de investigadores quienes hasta la fecha realizaron un análisis exhaustivo de más de 900 registros, de los cuales ya se determinó su ilicitud, en tal sentido se están realizando los trámites pertinentes para decretar su invalidez.
Entre tanto, durante la investigación se tuvo conocimiento que esta organización al margen de la ley, cobraba un valor aproximado entre 30 y 35 millones de pesos por cada migrante que contrataba sus servicios, garantizando su salida segura del país; cabe resaltar que todo el proceso desde la expedición fraudulenta de registros civiles de nacimiento, cedulas de ciudadanía, pasaportes y salida segura de los migrantes por aeropuertos colombianos, podría tardar hasta 45 días, ya que su poder criminal les permitía agilizar todos los trámites requeridos por cada uno de los migrantes afectados.
Después de conocer todo este entramado criminal la DIJIN no ceso sus actividades judiciales y direcciono la investigación tras la pista de los bienes adquiridos de forma ilegal por parte de los integrantes de la organización, donde se detectó un incremento patrimonial injustificado y se realizó extinción del derecho de dominio a 4 inmuebles, un vehículo y una empresa, propiedad de la líder de la organización y de su núcleo familiar, avaluados en casi tres mil millones de pesos.
Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes agravado, falsedad ideológica en documento público agravada, falsedad material en documento público y prevaricato por omisión.
