- El Ministerio del Interior reconoció la presencia de esta comunidad indígena y otorga registro al cabildo gobernado por Constantino Barraza Jiménez, el sexto descendiente del último cacique de ese resguardo.
Hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas una buena noticia llega para el Cabildo de Usiacurí, en el departamento del Atlántico: el Ministerio del Interior reconoció la presencia de esta comunidad y otorgó registro al cabildo gobernado por Constantino Barraza Jiménez, el sexto descendiente del último cacique de ese resguardo.
Esta comunidad indígena existe hace 30 años, sin embargo, hace solo unos meses fue registrada ante la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, que otorgó credencial como cabildo, una entidad territorial descentralizada, lo que representa beneficios para los 223 núcleos familiares reconocidos en Usiacurí, es decir, 883 personas, entre niños, jóvenes, hombres, mujeres y personas mayores. La autoridad mayor dice que en este territorio aún no se autoreconocen otras 6 mil personas más.
El gerente de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Atlántico, Luis Fernando Cassiani, celebra que el Cabildo Mokaná se convierta en el séptimo legalmente reconocido en el territorio del Atlántico. “Después de muchos años de lucha, de trabajo continuo, trabajo de campo, trabajo de territorio, con antropólogos, la comunidad Mokaná de Usiacurí tiene su reconocimiento y legalidad, con el que se robustece la organización de nuestros indígenas en el Atlántico con muchos beneficios para su poblacion de aceder a toda la oferta institucional que brinde el Gobierno nacional y que muchas veces, por no contar con este registro, no habían podido acceder. Es fundamental para nosotros como Gobernación del Atlántico seguir fortaleciendo estas formas propias de organización de los grupos étnicos”.
Desde el 24 de junio de 2024, el cabildo funciona como si fuera un territorio con funciones administrativas y representan legalmente a su comunidad ante el gobierno local y nacional. Su propósito es, ante todo, proteger la riqueza de su pueblo, de sus antepasados, cultura, usos y tradiciones.
Como toda comunidad tiene una organización con estatutos y mandatos, unas instancias con roles que son ocupados por personas mayores que trabajan por desarrollar proyectos para la conservación de su legado ancestral.
El Gobierno Mokaná está establecido por cuatro autoridades mayores representadas por el gobernador, secretario, tesorero y la procuradora. Las autoridades menores están representadas por las consejerías de adultos, hombres, mujeres, jóvenes y de niños, además de un tribunal de justicia conformado por tres personas mayores que debaten temas especiales.
Usiacurí es un pueblo de vocación turística, con más de 12.250 habitantes (DANE, 2018), encierra tanta historia, mucha de ella construida por la etnia Mokaná. Defender el legado de los ancestros para las futuras generaciones es uno de los mandatos de la ya formalizada organización.
“Nuestra historia está regada en el territorio donde los indígenas dejaron huellas con sus artesanías en barro que hoy son vestigios que son recuperados poco a poco. Tenemos unos sitios que son sagrados con el deber de resguardarlos y no permitir que le hagan daño pues es el tesoro de nuestros antepasados”, argumenta María del Rosario Angulo, tesorera del cabildo mayor indígena Mokaná en Usiacurí.
Constantino, con 74 años de edad, reza la frase de sus antepasados: “Donde hay agua hay indígenas”. Lo hace recorriendo la ruta del pueblo milenario. Ahí quedaron los pozos que se les atribuye propiedades medicinales y curativas, las mismas que trajeron a la población para su cura al poeta Julio Flórez y a otros foráneos.
Las montañas también esconden lugares resignificados por los hallazgos que aún realizan antropólogos que han sido enviados al municipio. El más reciente de ellos, una piedra con grabados en lengua Mokaná que socavó un arroyo el pasado 12 de junio, esta es custodiada por el nuevo cabildo respaldado por su comunidad. Se suma al inventario sagrado de la tribu en este territorio, el Mirador Cristo Rey y el cementerio Pueblo Viejo de Luriza (atardecer en lengua mokaná).
El departamento del Atlántico cuenta con 39.061 indígenas (DANE, 2018) asentados en los municipios de Galapa, Malambo, Baranoa, Tubará, Puerto Colombia, Usiacurí y Piojó. De resguardos pasaron a ser comunidades por lo que fueron perdiendo territorialidad y con el paso de los años, sus costumbres.
El convenio número 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas reconocen su derecho a poseer y controlar sus tierras y, en diferente medida, a poseer, usar y gestionar los recursos naturales en dichas tierras.
Dentro de este territorio, el cabildo tiene asignado un lote para su maloca. “Se trata de un lote de seis hectáreas, donde estarán nuestras oficinas y las reliquias descubiertas a nuestro paso. En este espacio se realizarán las siembras de plantas medicinales para recuperar nuestras costumbres y también será el espacio para compartir la sabiduría ancestral en armonizaciones y rituales propios de nuestra etnia”, menciona el gobernador Constantino.
Yesid Jiménez es uno de los ocho etnoeducadores del territorio y secretario del Cabildo, explica que realizará intervenciones en los tres colegios de primaria y bachillerato del municipio. “Una de las acciones establecidas por esta comunidad es llevar a los 402 niños y adolescentes, de descendencia mokaná, las costumbres y tradiciones de los ancestros a través de la permanencia de los etnoeducadores profesionalizados por la Universidad Simón Bolívar, que se tomarán las aulas con el fin de preservar su identidad en las nuevas generaciones”.
La primera ley indígena de Colombia fue expedida en 1890 en la que se determina las formas de gobierno de los pueblos indígenas. Las normas que consagran mandatos expresos sobre la protección de las comunidades indígenasse encuentran en la ley 21 de 1991, la ley 2 de 1959, y la ley 99 de 1993.
Amparados en la Ley 21 de 1991, el Cabildo de Usiacurí garantiza el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas.
