Consultorio Jurídico gana tutela que garantiza igualdad a estudiante con discapacidad visual en las Saber 11

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Samuel Martínez, estudiante del colegio Real Royal School
  • A través de una acción de tutela, logró que a un joven con discapacidad visual total se le otorguen las condiciones necesarias para presentar la prueba en igualdad de derechos. La medida beneficiará a otros estudiantes que necesiten adaptaciones similares.

El Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte ha marcado un referente en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de igualdad de estudiantes con discapacidad visual. Por medio de una tutela en nombre del estudiante Samuel Martínez, del colegio Real Royal School, quien presenta discapacidad visual total, logró que se adoptaran medidas especiales para que el joven pudiera realizar las pruebas Saber 11 en condiciones propicias.

El equipo jurídico, liderado por el judicante Andrés Rangel, egresado del programa de Derecho, y el estudiante Juan Felipe Álvarez, en representación de Samuel, solicitó al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) ajustes razonables que garanticen al joven el acceso a la educación. Previamente, la solicitud se había hecho de forma particular, por parte del joven y el colegio, al Icfes para la presentación de la prueba el 23 de marzo de 2025, pero ante la falta de respuesta se recurrió a la asesoría del Consultorio Jurídico.

«El Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte se ha convertido en un espacio de ayuda y acompañamiento, especialmente en temas de inclusión. Y la presentación de las pruebas ICFES para mi hijo, Samuel Martínez Alcázar, no fue la excepción. Contar con el respaldo del Consultorio Jurídico, el profesionalismo de sus abogados y el acompañamiento de todo su equipo de trabajo fue, sin duda, una experiencia muy positiva», expresó Paola Alcázar, madre de Samuel y directora de Extensión en Uninorte.

La acción de tutela fue presentada el 13 de febrero de 2025 ante el Juzgado Primero de Familia de Puerto Colombia, que admitió la solicitud el 14 de febrero y ordenó vincular a diversas instituciones, entre ellas, el Icfes, el Ministerio de la Igualdad, el Instituto Nacional para Ciegos y el Ministerio de Educación.

De acuerdo con Moisés Raad, docente asesor del Área Civil, Comercial y Familiar y líder del caso, el mayor reto al que se enfrentaron en este caso fue lograr resolver la situación en un periodo de tiempo tan corto. «La determinación de hacer valer los derechos de Samuel nos permitió seguir adelante. Recurrir a la tutela fue la vía más efectiva para lograr lo que Samuel necesitaba, no solo para él, sino para todos los estudiantes con discapacidad visual que enfrentan retos similares. Sin duda, fue un recordatorio de lo importante que es velar por los derechos de estas personas y trabajar para cambiar realidades», manifestó.

A través de una comunicación del 18 de febrero, el Icfes manifestó que adoptaría los ajustes razonables solicitados, por lo que la tutela alcanzó una resolución favorable para el estudiante. El Icfes indicó que se asignó un tutor bilingüe especializado, quien acompañará al joven durante la prueba, realizando la lectura de las preguntas y marcando las respuestas según las indicaciones del estudiante. Además, el 7 de marzo, el joven tuvo la oportunidad de revisar todos los detalles de la citación a la prueba, incluida la asignación del tutor y demás ajustes para su caso particular.

Para Paola Alcázar la labor del Consultorio Jurídico en el caso traza un referente a futuro. «La tutela ganada no solo beneficiará a Samuel, quien presentará las pruebas el 6 de abril, sino también a otros estudiantes ciegos que deseen presentar el componente de inglés. Este es un logro histórico que mejorará las oportunidades para todos los estudiantes con discapacidad visual. Estamos muy felices con los resultados obtenidos, y confiamos en que este esfuerzo se reflejará también en los resultados de las pruebas».

El 5 de marzo, el Juzgado Primero de Familia de Puerto Colombia notificó su sentencia, en la cual se concluyó que las medidas adoptadas por el Icfes garantizaban el derecho a la igualdad y a la educación del joven, resolviendo que de esta forma no existía vulneración de derechos.