En una operación interinstitucional con acompañamiento de las autoridades, que se llevó a cabo en la zona motelera en la vía a Juan Mina un usuario del servicio de energía fue capturado por reconectarse ilegalmente a la red de propiedad de Air-e.
El procedimiento se llevó a cabo en el motel La Luna en la carrera 38 N. 117-30, en donde a pesar de existir una deuda de 290 millones de pesos tenía energía en el establecimiento, producto de una reconexión ilegal.
En esta oportunidad se dio captura a la persona que estaba al frente del establecimiento comercial en calidad de usuario por contratar presuntamente los servicios de “marañeros” para la reconexión ilícita a las redes de propiedad de Air-e, luego de haber sido suspendido por esta empresa a causa de una millonaria deuda. Frente a esta situación, el ciudadano Jesús Portilla Alcalá fue judicializado por el presunto delito de Defraudación de fluidos y fue puesto a órdenes de las autoridades competentes.
Este acto constituye un grave delito de Defraudación de Fluidos, tipificado en el artículo 256 del Código Penal, que puede conllevar hasta 6 años de prisión y una multa de 150 salarios mínimos legales vigentes.
Air-e hace un vehemente llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el robo de energía, un delito que no solo afecta la operación del servicio, sino que pone en riesgo la vida de quienes manipulan las redes y equipos eléctricos de manera ilegal. La empresa ha liderado más de 500 denuncias penales en conjunto con la Fiscalía por Defraudación de Fluidos y Concierto para Delinquir, con cerca de 200 personas ya capturadas, y continúa fortaleciendo sus esfuerzos para combatir este flagelo.
Ramiro Castilla Andrade, gerente de Air-e en el Atlántico, rechazó enfáticamente la actitud de algunos comerciantes y usuarios residenciales que, a pesar de tener deudas millonarias con la compañía, insisten en auto reconectarse de manera ilegal a la red, comprometiendo la calidad del servicio y la seguridad de todos los usuarios. Pero aún más grave corriendo el riesgo de terminar con un penoso proceso penal en su contra y hasta perder su libertad en vez de realizar un acuerdo de pago aprovechando los múltiples planes de financiación dispuestos por la compañía para normalizar su situación.
