- El grupo delincuencial se dedica a comercializar estupefacientes, y a realizar cobros extorsivos a comerciantes y trabajadores del centro de Cúcuta (Norte de Santander).
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y en trabajo articulado con la Policía Nacional, judicializó a ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘AK-47 Los Alemanes’.
Se trata de Wilson Levy Guerrero Córdoba, alias Cheo; Ismar de los Ángeles Morillo Campos, alias La Muda; Carmen Yuliet Bastidas Núñez, alias Fresa; Ciro Alfonso Luna Acevedo, alias Tilín; Joel José Sierra Santaella, Jomaiker José Pérez Ramírez, Alberto Ramón Mendoza Yánez y José Gregorio Longa Dial.
Labores de policía judicial evidenciaron que la organización ilegal estaría conformada en su mayoría por extranjeros que habrían hecho parte del llamado Tren de Aragua. La investigación permitió establecer que el ‘AK-47 Los Alemanes’ inició su actuar delictivo en el centro de Cúcuta (Norte de Santander).
El material de prueba aportado demuestra que los procesados vendrían comercializando estupefacientes y extorsionando comerciantes y trabajadores del barrio El Callejón, de las avenidas Séptima y Quinta; la terminal de transporte, el parque el Lineal y el sector Latino en la capital nortesantandereana.
La investigación da cuenta que la organización ilegal habría realizado enfrentamientos con otros grupos delincuenciales, al parecer, para disputarse el control territorial.
Para intimidar a los integrantes de los otros grupos ilegales y a la ciudadanía, utilizarían armas de fuego y granadas de fragmentación. En algunos casos habrían detonado artefactos contra establecimientos de comercio para presionar el pago de los cobros ilegales.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC) imputó a los ocho procesados el delito de concierto para delinquir con fines de terrorismo, tráfico de estupefacientes y homicidio. Los cargos no fueron aceptados.
Por petición de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a los investigados.
