- Las ganancias por el material ilegalmente extraído representarían al año 2.400 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la explotación ilegal de grava y arena en el municipio de Galapa (Atlántico).
Según la investigación, las autoridades evidenciaron que la mina, ubicada en la finca El Socorro, no contaba con los permisos ambientales ni los títulos mineros para desarrollar dicha actividad económica.
El material era distribuido a diferentes construcciones en Barranquilla y sus alrededores, bajo la fachada de una empresa dedicada al transporte y la disposición de escombros y residuos.
Así burlaban los controles de las autoridades y comercializaban el producto.
Estas actividades le permitían a la organización ilegal obtener rentas ilícitas por, al menos, 2.400 millones de pesos al año. Durante el operativo que se realizó en agosto de 2023 fueron incautadas dos excavadoras, un libro de contabilidad y celulares que serían utilizados para la coordinación de las acciones delictivas.
Los elementos fueron fundamentales para emitir las órdenes de captura y judicializar a los responsables.
Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los procesados los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, daños en los recursos naturales y ecocidio; y concierto para
delinquir agravado, cargos que no fueron aceptados.
Un juez de control de garantías impuso a los investigados medida no privativa de la libertad, con prohibición de ingresar al predio donde se realizaban las labores de explotación.
