- El grupo delincuencial estaría involucrado en múltiples acciones criminales como ataques contra instituciones públicas y la distribución de panfletos intimidatorios contra personalidades.
Las acciones investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación en defensa de la autonomía y la independencia de la Rama Judicial, permitieron identificar a dos personas asociadas a una organización criminal, lacual estaría involucrada en los recientes ataques y amenazas en contra de jueces y otros funcionarios judiciales en Tuluá (Valle del Cauca).
La pareja identificada como Claudia Lorena Moscoso Gilón y Rubiel Antonio Tobar Gutiérrez, fue capturada en un inmueble de Tuluá. Durante las diligencias realizadas por el CTI se incautaron teléfonos celulares, computadores, publicidad electoral y un arma de fuego, entre otros elementos.
Moscoso Gilón, abogada de profesión, fue suspendida disciplinariamente por diferentes faltas. Actualmente, enfrenta un juicio por el delito se concusión.
La Fiscalía estableció que varios de los servidores judiciales que conocieron o siguen el proceso en su contra han sido víctimas de intimidaciones y sus nombres aparecen en los panfletos con amenazas de muerte que la red delincuencial distribuyó recientemente entre julio y agosto, en los que también figuran periodistas, políticos y otras personalidades de la ciudad.
Esta mujer es propietaria de una empresa de transportes. Los elementos de prueba indican que habría ordenado incinerar algunos vehículos de su compañía para configurarse como víctima y presionar la asignación de nuevos cupos para automotores, sin cumplir con los requisitos de ley.
Por estos hechos, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó a los dos detenidos los delitos de concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Claudia Lorena Moscoso Gilón reconoció su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir; mientras que Rubiel Antonio Tobar Gutiérrez aceptó los dos cargos. Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso a los procesados medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
