Un hotel conectado en forma “pirata” a la red eléctrica fue detectado en el sector de Salinas del Rey, en jurisdicción de Santa Verónica, una de las zonas turísticas más importantes del departamento del Atlántico.
El procedimiento se llevó a cabo en el predio identificado como Hotel Kame House, el cual no está registrado en el sistema comercial de la compañía. En consecuencia, robaba energía para sus instalaciones y adicionalmente evadía el pago de impuestos como el alumbrado público y la sobretasa de seguridad ciudadana.
En el momento del operativo, que contó con el acompañamiento de las autoridades, estuvo como responsable del hotel el señor Ariel Mendoza Duarte.
Este hotel, de acuerdo con los primeros estimativos, presentaba un consumo promedio mensual de 7.000 kWh para un perjuicio económico mensual cercano a los 7 millones de pesos, adicional a la contribución que corresponde a un valor proporcional de $1.350.000. Este hotel deja de facturar a la empresa anualmente 81 millones de pesos y una contribución de 16 millones de pesos.
Así mismo se realizó intervención a otro establecimiento donde funciona un restaurante llamado Estadero y Restaurante La Frontera, de propiedad de la familia Alba. Se encontró una línea directa por fuera de la medida que dejaba de registrar en promedio mensual 3.966 kWh para un perjuicio económico de $3.827.190 y tampoco pagaba la contribución en promedio de $765.438.
En el restaurante La Frontera atendió a los técnicos de Air-e la señora Erika Alba quien, en compañía de uno de sus empleados, con arma blanca arremetió de forma brusca contra un vehículo de la compañía y amenazó verbalmente a los trabajadores.
Es importante señalar que además estos establecimientos comerciales afectan el patrimonio público puesto que con la contribución de solidaridad se recaudan recursos para el otorgamiento de subsidios, los cuales permiten disminuir el costo del servicio de energía que consumen los usuarios en sectores eléctricamente subnormal y residenciales de estratos 1, 2 y 3. De esta manera, si se evade parte del pago de la contribución le corresponde al Estado aportar recursos para cubrir el déficit que se genera.
“A pesar de las campañas realizadas hay personas naturales y establecimientos comerciales que insisten en conectarse ilegalmente, manipular medidores e instalaciones eléctricas. Esto no solo afecta a la empresa sino a la calidad del servicio y a los electrodomésticos”, indicó el gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, Fermín de la Hoz.
Estas conductas tipifican el delito de Defraudación de Fluidos que tiene una pena de 6 años y una multa máxima de 150 salarios mínimos.
Para la empresa son fundamentales las denuncias que están siendo realizadas por los usuarios que responsablemente pagan el consumo del servicio de energía, las cuales han ayudado a actuar de manera contundente en contra de los delincuentes que, en perjuicio del resto de usuarios, siguen intentando cometer este delito. A través de los operativos realizados diariamente se ha logrado una mejora contundente en la disminución de las pérdidas de la región en los últimos meses.
A la fecha, la empresa lidera con la Fiscalía cerca de 440 investigaciones penales por hurto y defraudación de fluidos, han sido capturadas 183 personas por estos delitos y por concierto para delinquir.
