- Entre los procesados está una concejal de Vegachí (Antioquia), que estaría involucrada en el almacenamiento y custodia de armas de fuego y vehículos usados por la estructura ilegal.
La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto a una red criminal de la subestructura Roberto Vargas Gutiérrez del ‘Clan del Golfo’, señalada de instrumentalizar a menores de edad para el cobro de extorsiones, venta de estupefacientes al menudeo y otras conductas delictivas en Antioquia.
En diligencias realizadas en Vegachí (Antioquia) fueron capturados 15 presuntos integrantes de la organización criminal, entre ellos, la concejal de esa población, Luz Adiela Rojas Agudelo, quien sería la encargada de ocultar armas, dinero, estupefacientes y motocicletas; y entregar a los cabecillas información privilegiada sobre los procesos de contratación y el manejo de los recursos públicos en el cabildo y la alcaldía.
Los demás detenidos, al parecer, contactaban a niños, niñas y adolescentes en diferentes municipios del nordeste antioqueño; y los inducían al consumo de sustancias ilícitas mediante el suministro progresivo de dosis mezcladas en bebidas y alimentos. De acuerdo con los elementos de prueba, cuando alcanzaban cierta adicción eran constreñidos para que se
vincularan a diversos actos delincuenciales.
En ese sentido, se estableció que varios de los menores de edad habrían sido ñ obligados a vender estupefacientes al menudeo en lugares públicos y centros educativos, y ejercer intimidación sobre comerciantes, finqueros, mineros y transportadores para que cumplieran
con las cuotas económicas que les fijaba el ‘Clan del Golfo’. En algunos casos, eran los encargados de llevar amenazas a las víctimas o rayar las paredes de sus lugares de residencia o establecimientos con las letras AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia).
Las evidencias obtenidas por el CTI de la Fiscalía y unidades de infancia y adolescencia de la Policía Nacional dan cuenta de 13 eventos de instrumentalización de niños, niñas y
adolescentes durante el último año.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada (DAIACCO) imputó a los 15 detenidos, según el posible rol que cumplían en la red, los delitos de: concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad
para la comisión de delitos y suministro a menor agravado. Los cargo no fueron aceptados.
Entre los procesados están Raúl Alberto Ortiz Molina, alias Osquítar, quien sería el responsable de fijar el monto de las extorsiones y seleccionar las víctimas; y Juan Pablo Muñoz Castrillón, señalado de coordinar el almacenamiento, distribución y comercialización de los estupefacientes.
Los demás estarían involucrados en la logística y actividades de narcomenudeo.
