- Se trata de un subintendente de la Policía y un particular que habrían inducido a error a una fiscal para obtener la autorización para realizar las escuchas ilegales a la exniñera de Laura Sarabia.
Una fiscal destacada ante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) recolectó suficiente material probatorio para demostrar la posible participación del subintendente de la Policía Nacional Fredy Alexander Gómez Bustamante, y del particular Rafael Ricardo Santos Fuentes, en las escuchas ilegales contra personas cercanas de Marelbys Meza Valbuena.
La investigación da cuenta que Santos Fuentes, quien desde hace cinco años se desempeñaba como fuente no formal de la Policía Nacional, al parecer mintió al afirmar que se reunió con el uniformado para contarle sobre del interés de un hombre conocido como alias Pini, de cambiar unos dólares. Esto ocurrió el primer día de febrero. Al día siguiente asegura que ingresó a la SIJIN con otros dos uniformados que le recibirían la información.
Labores de policía judicial evidenciaron que el referido encuentro nunca ocurrió lo que se demuestra con evidencia técnica.
También se comprobó que el celular usado por Santos Fuentes registró ubicación en Ibagué (Tolima), desvirtuando su presencia en la capital.
La Fiscalía puso al descubierto que los dos procesados de común acuerdo habrían entregado información falsa a una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción en dos diligencias de declaración jurada en el marco de una investigación por interceptaciones ilegales a exempleadas de la exjefe de gabinete Laura Sarabia.
Con las falsas afirmaciones se realizaron informes de policía judicial que fueron la base para solicitar las interceptaciones ilegales a los conocidos de Marelbys Meza. De esta manera se habría concretado una estrategia criminal de información que hizo incurrir en error a la fiscal adscrita a la Seccional Bogotá que investiga el caso del hurto de los dólares en la vivienda de Laura Sarabia.
Por estos hechos la Fiscalía General de la Nación imputó a los procesados el delito de fraude procesal. Un juez de control de garantías ordenó la detención en centro carcelario de los investigados. Ninguno de ellos aceptó su responsabilidad.
